Mil quinientas personas se reparten los 500 millones de euros que suponen las remuneraciones de las cúpulas de dirección del Sector Financiero. En relación a los resultados suponen un 2,1% de los beneficios totales del sector y, paradójicamente, en las entidades que han recibido ayudas, consumen un 8,9% del beneficio. Tres datos del año 2010 para el conjunto de las 52 entidades que presentan un balance superior a 7.000 millones de euros.
Mientras tanto, más de 250.000 profesionales del sector financiero (de los Bancos de toda la vida, de los Bancos antes Cajas y de las Cajas Rurales) atendemos las necesidades de los clientes que, en muchos casos, descargan su indignación sobre la plantilla en la red de oficinas. Una plantilla que tiene que gestionar la crisis en directo, con nombres y apellidos. El ejemplo más cercano, la crisis de las participaciones preferentes o el tratamiento de la morosidad en el capítulo hipotecario.
La agresividad de determinadas estrategias comerciales en el periodo de crecimiento y la presión sobre las plantillas para colocar productos de manera indiscriminada, han configurado una manera de relacionarse con los clientes que ahora, en plena crisis, deja a las plantillas indefensas para retener y aumentar el negocio. El descrédito que vienen acumulando día a día los banqueros se extiende, en algunos casos de manera interesada, a todas las personas que trabajamos en el sector financiero.
Cada vez somos más los trabajadores y trabajadoras que estamos entre la espada y la pared en nuestro quehacer diario y somos victimas, no sólo de una grave situación de presión psicológica, sino también de episodios de violencia y amenazas cada vez más graves (el pasado miércoles, sin ir más lejos, tres compañeros han sido apuñalados por un cliente)
Desde CCOO entendemos que la situación tiene ya tintes de gravedad suficientes como para exigir a las entidades que adopten medidas urgentes: para solucionar los problemas que aquejan a la clientela y para prevenir y proteger a sus plantillas.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a garantizar la salud de sus trabajadores en función de los riesgos derivados de la actividad que realicen. Solicitamos de las empresas medidas de seguridad para garantizar los mínimos que marca la ley. Si los productos que comercializamos causan situaciones de riesgo para la salud, la empresa está obligada por ley a poner las medidas para eliminar o minimizar ese riesgo.
Nosotros no queremos ser los escudos protectores de las entidades y de sus gestores, no debemos ser quienes amortigüemos las iras de la clientela recibiendo en nuestros cuerpos y en nuestra dignidad la agresividad de una sociedad damnificada, porque trabajamos con honradez y porque, en no poco casos, somos los únicos preocupados por el problema del cliente y el mantenimiento del negocio.
Frente a esta agresión, es el momento de reivindicar la alta cualificación de las personas que trabajamos en el sector y el buen hacer en el día a día. La media de participantes en los procesos de formación de las empresas supera los 130.000 en los últimos años y sólo en el año 2009 se superó la cifra de 2.800.000 horas dedicadas a formación. Datos que demuestran una preocupación constante por mantener actualizados los conocimientos de profesionales altamente competentes.
La cadena de responsabilidad está clara. Los trabajadores y las trabajadoras del sector no hemos participado en las decisiones que han determinado el negocio financiero y, de paso, una parte importante de la crisis del país. Tampoco hemos diseñado las estrategias comerciales que las entidades han ofrecido a sus clientes. Hemos trabajado bien para cumplir los objetivos que otros nos marcaban y, desde esta lógica, no es tolerable que se nos exijan responsabilidades que no son nuestras.
Porque no somos banqueros,
somos bancarios y bancarias.
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