El Ministerio de Educación,
extralimitándose en sus competencias, está impulsando por segunda vez un Real
Decreto que afecta a materia de Seguridad Social y pretende excluir a una parte
de los becarios universitarios del derecho a cotizar conseguido en la reforma
de Seguridad Social de 2011. El anterior intento por limitar este derecho fue
impugnado por CCOO ante el Tribunal Supremo y anulado por éste, por lo que el
sindicato exige al Gobierno que respete este nuevo derecho nacido del acuerdo
entre sindicatos y empresarios.
CCOO recuerda que el derecho a cotizar de los
becarios es una de las medidas incluidas en la reforma de pensiones de 2011
pactada por sindicatos y empresarios, para ayudar a completar las carreras de
cotización de un colectivo que generalmente ve retrasada su incorporación al
mercado laboral como consecuencia del tiempo dedicado a su formación. Suprimir
lo limitar este derecho significará ahondar más en la precariedad de los más de
1,6 millones de estudiantes universitarios.
Además, el nuevo intento del Ministerio de
Educación parece hacer oídos sordos a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado
28 de junio en la que daba la razón a la demanda interpuesta por CCOO y anulaba
la limitación que establecía el RD 1707/2011 para la cotización de las
prácticas externas universitarias. La consecuencia de esta sentencia fue la de
triplicar el número de becarios en alta en la seguridad social en apenas unos
meses; cifra que no ha dejado de crecer desde entonces y que actualmente se
aproxima a los 70.000 jóvenes.
En esta ocasión se pretende excluir del
derecho a cotización a los estudiantes que realicen prácticas académicas
externas curriculares aunque éstas cumplan los requisitos establecidos en la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social
pactada por sindicatos y empresarios, lo que puede afectar al derecho de
cotización de decenas de miles de estudiantes. CCOO no comparte los argumentos
utilizados por el Ministerio, que traslada la responsabilidad a los rectores
universitarios y a injustificados temores sobre el impacto de este nuevo
derecho en la oferta de becas curriculares existente.
Tampoco es defendible objeción alguna en
cuanto al coste de la cotización: es de tan sólo 34,72 € brutos/mes a cargo de
las empresas y de 6,09
€/mes a cargo de los becarios. Para las empresas, además es un gasto deducible,
con lo que el coste real para
ellas se sitúa en torno a los 25 € mes.
CCOO exige al Gobierno que mantenga este
derecho en sus términos actuales, rechace la iniciativa del Ministerio de
Educación que incrementaría la precariedad que sufre este importante colectivo
y garantice su derecho a cotizar cuando tengan becas formativas en los términos
en los que fue pactado con los sindicatos y empresarios.
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