Desde
que se firmó el pasado 17 de diciembre el Acuerdo de Homologación de
Condiciones Laborales, estamos asistiendo, a la hora de poner en marcha el
contenido del citado acuerdo, como la Dirección mantiene dos velocidades.
Fue
inmediata la puesta en marcha del mismo para todo aquello que supone pérdida de
prestaciones hacia la plantilla. Por el contrario, en todas aquellas
medidas que han podido suponer una mejora, estas son incomprensiblemente demoradas con las más absurdas
excusas por parte de responsables de RRHH.
Y
ahondando en sus despropósitos, a pesar de tenerlo acordado en el ERE vigente
de 2013, estos ponen en marcha toda una serie de cambios estructurales de organización del negocio sin explicación
previa alguna y sin ningún tipo de regulación, y por tanto sin poder
verificar si se cumple lo establecido en las normas laborales de obligado
cumplimiento. Una patada en toda regla
al Art.64 del ET, que regula el derecho de información y consulta.
No
entendemos cómo se puede llevar a cabo una batería de destituciones y
nombramientos, sin que previamente estén definidos para el resto de los
mortales la clasificación de oficinas, los pluses funcionales, el manual de
responsabilidades, las categorías asociadas, las carreras profesionales, los periodos
de consolidaciones, etc. (Capítulo XI CC).
Pero
de acuerdo con el convenio colectivo (Art.88), otra vez, los nombramientos de
los distintos cargos han de ser
precedidos de la aceptación de las personas designadas o afectadas, hecho éste
que en este banco se obvia. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Y ya van dos.
Para
la aplicación del nuevo límite de descubierto en cuenta, tuvimos que reclamar
su puesta en marcha formalmente y a pesar de todo les ha llevado más de un mes
su aplicación. Con el tema de los préstamos para empleados/as, llevamos
numerosas reclamaciones y cada vez nos dan una excusa diferente.
Aprovechamos para
comunicaros que también hemos pedido formalmente la constitución del Comité de Seguridad y
Salud Laboral para no
demorar más temas de crucial importancia, entre los que priorizamos los riesgos
psicosociales tantas veces demandados y reconocidos, un año tras otro, por las
auditorías externas obligatorias.
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