Durante los últimos tres años, hemos reclamado una reestructuración ordenada del sistema financiero. Era imprescindible para que se activara el multiplicador del dinero bancario, es decir, el Crédito. Imprescindible para la creación de Empleo, con mayúsculas.
El anterior Gobierno, y el Banco de España, optaron por fiar demasiado en las provisiones anticíclicas la solvencia de las entidades. Así se avaló al sector financiero para garantizar su liquidez, en vez de recapitalizarlo como se hizo en la UE. El sector basculó la financiación hacia los planes E, en vez de financiar el circulante a las Pymes. La economía se nos cayó más allá de la debacle inmobiliaria, el desempleo se duplicó en dos años y el sector financiero pasó de una crisis de liquidez a una crisis de solvencia.
Una reestructuración con apoyos financieros y responsabilidades de gestión
Se rectificó con la creación del FROB, pero tarde. Se optó por hacer desaparecer las cajas de ahorros, por fijar ratios de capital más allá de lo que se exige en el resto del mundo, porque cada entidad se buscara su camino sin pedir cuentas a sus gestores ni hacer frente a proyectos sin futuro, por conveniencias y connivencias político-territoriales. Fallaron Gobierno, Supervisores, Gobiernos Autónomos y Gestores. Fallamos la Sociedad Civil por no ser más activos dentro y fuera de las entidades financieras, aunque tuviéramos menor responsabilidad.
Hemos perdido tres largos años, se han destinado casi 23.000 millones de euros, han desaparecido casi 15.000 puestos de trabajo, no se han depurado responsabilidades y se ha realizado una reestructuración fallida, pues finalmente el Crédito sigue sin circular y tenemos varias entidades entre nacionalizadas e intervenidas.
Hace apenas unas semanas, desde COMFIA CCOO, señalábamos que realizar el saneamiento de balances de una vez y "a pulmón" podía conllevar mayor restricción del crédito y precipitar fusiones con un alto coste laboral en términos de empleo. También existiría el riesgo de crear un oligopolio bancario. Un grupo muy reducido de grandes entidades tendrían ventajas y, a medio y largo plazo, el consumidor pagaría muy caros los servicios, y multitud de ciudadanos, debido a la exclusión financiera, caerían en riesgo de exclusión social.
Reclamábamos apoyos financieros externos. Reclamábamos responsabilidades porque los apoyos se harían con financiación pública. Responsabilidades, porque se ha de poner el foco en la consecución de entidades plenamente solventes y hay que evitar errores del pasado. Responsabilidades, porque los salarios de los ejecutivos deben estar limitados y acordes a la situación actual. Asimismo, reclamábamos la racionalización de los órganos de gobierno, sobre todo en los SIPs (demasiados consejos, asambleas y consejeros). También exigíamos protección al empleo del sector.
¿Bastará con las medidas aprobadas por el Gobierno? En primer lugar, hablemos de cifras. 50.000 millones de euros de saneamiento de balances, son muchos euros si se añaden a los casi 100.000 millones de euros que ya se han aplicado anteriormente. Sin embargo, sigue sobrevolando la sombra de la duda dada la alta exposición inmobiliaria. El Gobierno fía demasiado su política en la teoría de los vasos comunicantes. 50.000 millones serán suficientes si las entidades venden sus activos inmobiliarios y aflora parte del saneamiento anterior.
Exigimos compromisos en materia de empleo
El Gobierno ha ampliado los fondos disponibles del FROB, pero estimamos que el esfuerzo de 35.000 millones de euros a cargo de las entidades en un solo año y las fusiones van a lastrar la reactivación del Crédito y, por lo tanto, del crecimiento del Empleo en el país. El esfuerzo de racionalización de órganos y la limitación de remuneraciones va en muy buena dirección, pero aún queda por depurar la responsabilidad y los emolumentos de gestores anteriores y se debe avanzar en la limitación de dichas retribuciones, también, en las entidades que no han sido apoyadas por el Estado. Al fin y al cabo, su retribución se construye a costa del resto de las partes interesadas: clientes, accionistas y plantillas.
Por último, reclamamos un compromiso con el empleo del sector. Acabamos de alcanzar un acuerdo de Convenio en el sector de Ahorro que marca la hoja de ruta para abordar la reestructuración. Los trabajadores hacemos un esfuerzo muy importante de contención salarial y flexibilidad interna. Como contrapartida exigimos compromisos en materia de empleo, compromisos que también reclamamos a las autoridades.
Una reestructuración con apoyos financieros y responsabilidades de gestión
Se rectificó con la creación del FROB, pero tarde. Se optó por hacer desaparecer las cajas de ahorros, por fijar ratios de capital más allá de lo que se exige en el resto del mundo, porque cada entidad se buscara su camino sin pedir cuentas a sus gestores ni hacer frente a proyectos sin futuro, por conveniencias y connivencias político-territoriales. Fallaron Gobierno, Supervisores, Gobiernos Autónomos y Gestores. Fallamos la Sociedad Civil por no ser más activos dentro y fuera de las entidades financieras, aunque tuviéramos menor responsabilidad.
Hemos perdido tres largos años, se han destinado casi 23.000 millones de euros, han desaparecido casi 15.000 puestos de trabajo, no se han depurado responsabilidades y se ha realizado una reestructuración fallida, pues finalmente el Crédito sigue sin circular y tenemos varias entidades entre nacionalizadas e intervenidas.
Hace apenas unas semanas, desde COMFIA CCOO, señalábamos que realizar el saneamiento de balances de una vez y "a pulmón" podía conllevar mayor restricción del crédito y precipitar fusiones con un alto coste laboral en términos de empleo. También existiría el riesgo de crear un oligopolio bancario. Un grupo muy reducido de grandes entidades tendrían ventajas y, a medio y largo plazo, el consumidor pagaría muy caros los servicios, y multitud de ciudadanos, debido a la exclusión financiera, caerían en riesgo de exclusión social.
Reclamábamos apoyos financieros externos. Reclamábamos responsabilidades porque los apoyos se harían con financiación pública. Responsabilidades, porque se ha de poner el foco en la consecución de entidades plenamente solventes y hay que evitar errores del pasado. Responsabilidades, porque los salarios de los ejecutivos deben estar limitados y acordes a la situación actual. Asimismo, reclamábamos la racionalización de los órganos de gobierno, sobre todo en los SIPs (demasiados consejos, asambleas y consejeros). También exigíamos protección al empleo del sector.
¿Bastará con las medidas aprobadas por el Gobierno? En primer lugar, hablemos de cifras. 50.000 millones de euros de saneamiento de balances, son muchos euros si se añaden a los casi 100.000 millones de euros que ya se han aplicado anteriormente. Sin embargo, sigue sobrevolando la sombra de la duda dada la alta exposición inmobiliaria. El Gobierno fía demasiado su política en la teoría de los vasos comunicantes. 50.000 millones serán suficientes si las entidades venden sus activos inmobiliarios y aflora parte del saneamiento anterior.
Exigimos compromisos en materia de empleo
El Gobierno ha ampliado los fondos disponibles del FROB, pero estimamos que el esfuerzo de 35.000 millones de euros a cargo de las entidades en un solo año y las fusiones van a lastrar la reactivación del Crédito y, por lo tanto, del crecimiento del Empleo en el país. El esfuerzo de racionalización de órganos y la limitación de remuneraciones va en muy buena dirección, pero aún queda por depurar la responsabilidad y los emolumentos de gestores anteriores y se debe avanzar en la limitación de dichas retribuciones, también, en las entidades que no han sido apoyadas por el Estado. Al fin y al cabo, su retribución se construye a costa del resto de las partes interesadas: clientes, accionistas y plantillas.
Por último, reclamamos un compromiso con el empleo del sector. Acabamos de alcanzar un acuerdo de Convenio en el sector de Ahorro que marca la hoja de ruta para abordar la reestructuración. Los trabajadores hacemos un esfuerzo muy importante de contención salarial y flexibilidad interna. Como contrapartida exigimos compromisos en materia de empleo, compromisos que también reclamamos a las autoridades.
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